Utilizó como título para esta breve reflexión una expresión del jurista italiano Stefano Rodotá. El gobierno ZP anuncia que mañana introducirá una nueva reforma procesal para limitar el acceso a los recursos en la jurisdicción civil (supongo que extensible a todas las demás jurisdicciones). Las Sentencias en asuntos de cuantía de menos de 6.000 euros no serán susceptibles de recurso de apelación. Y los asuntos de menos de 800.000 euros no tendrán acceso a la casación (el límite estaba ahora en 150.000 euros).

¿Qué reflexión me merece esta reforma? La misma que cuando el Partido Popular atribuyó valor decisorio en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil a la prueba pericial que se pueda pagar la parte litigante, o cuando el PSOE ha introducido una tasa para poder recurrir, etc…Todo apunta en la misma línea: tiene (y lamentablemente tendrá) más posibilidades procesales quien más recursos económicos tiene. Obviedad ésta que puede extenderse a cualquier ámbito de nuestra vida.

Atrás va quedando el mandato constitucional de tutela judicial efectiva, el principio de doble instancia, etc… Se nos dirá que los Juzgados y Salas están sobrecargados. Serán algunos porque desde luego en las Salas Civiles de los Tribunales Superiores de Justicia se podía residenciar el recurso de casación que ahora se elimina (entre 150.000 y 800.000 euros) así como colocar la segunda instancia de los asuntos de menos de 6000 euros en los actuales Juzgados de Instancia creando una Justicia real de proximidad.

Pero como digo como la razón real no es la sobrecarga de trabajo ninguna de estas alternativas se llevará a cabo.

En realidad la hoja de ruta es otra. Primero mantener fuera de la protección del Derecho a muchos como a nuestra ciudadanía en exclusión social o la inmigración (por cierto ahí tienen a nuestra Consejera de Asuntos Sociales desmantelando HELDU el mejor servicio público de atención jurídica a inmigrantes que existía en todo el Estado), segundo ir eliminando derechos para nuestra clase media (sanidad, educación, pensiones…). Y tercero mantener a nuestras élites políticas y económicas al margen del contrapoder que para ellas supone el principio de legalidad, si es preciso dando a estos poderosos todos los instrumentos jurídicos precisos para ello (pregunten a los abogados de Berlusconi).

Como diría Rodotá nada de Derecho para el que lo necesita y todo el Derecho para el que no lo necesita. A esto también se le llama el gobierno de los Mercados. No ha hecho más que empezar. Al tiempo.

J.A. Esnaola. Abogado